«Ese dos por ciento no va a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, eso puedo decirte», declaró el presidente Donald Trump en un evento en enero.
Era una referencia a su percepción sobre la probabilidad de los solicitantes de asilo de presentarse en la corte para llevar a cabo sus procedimientos de inmigración. No era la primera vez que Trump y sus funcionarios invocaban la imagen de inmigrantes y refugiados como delincuentes que buscaban eludir los tribunales de inmigración de Estados Unidos para permanecer en el país.
La tendencia de la Administración Trump de afirmar que los solicitantes de asilo no se presentan a sus audiencias judiciales ha perdurado desde que asumió el cargo, pero los datos han demostrado que de 2013 a 2017, el 92% de los solicitantes de asilo regresaron en promedio a sus audiencias judiciales. Y ese número cayó solo ligeramente en 2018 al 89%.
Las cifras de Trump pierden la marca de la realidad: nuevos datos del año pasado muestran que el 99% de los solicitantes de asilo no detenidos se presentaron a sus audiencias de inmigración. Y en 2019, EE. UU. vio un número récord de casos de asilo presentados, según el rastreador de datos de registros de inmigración de la Universidad de Syracuse (TRAC, por sus siglas en inglés).
Los solicitantes de asilo esperan tres años en promedio para una audiencia en la corte. Una vez que se les haya otorgado el estado de asilado y hayan vivido en los Estados Unidos durante un año, los asilados pueden obtener una tarjeta de seguro social y solicitar la residencia permanente. La Administración Trump ha ampliado significativamente la detención de los solicitantes de asilo que están en proceso de obtener su estatus legal.
«Lo que hemos visto, a diferencia de cualquier otra administración, es una serie de medidas que se entrelazan», dijo a Vox Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Políticas de Migración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. «Cuando miras la combinación de estos mecanismos de enclavamiento, que esencialmente hemos revisado, algunas personas dirían que desmenuzado, nuestro moderno sistema de asilo tal como lo conocemos».
Trump también implementó la política llamada «Permanecer en México», que requiere que los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan a los Estados Unidos a través de la frontera sur esperen en México hasta que su caso sea escuchado en el tribunal, lo que crea dificultades logísticas y preocupaciones de seguridad para aquellos individuos mientras esperan comparecer en la corte. El gobierno de Trump está satisfecho con sus prácticas de detención y continúa presumiendo de mantener a los migrantes en centros de detención y no liberarlos. No obstante, la detención de solicitantes de asilo también demuestra ser una presión masiva para la financiación. Los estudios muestran que la detención le cuesta al gobierno de los Estados Unidos 1.400 millones de dólares a pesar de las alternativas rentables y compasivas. La detención de asilados que esperan su juicio no afecta la tasa de casi 100% de asilados que se presentan a sus audiencias y procedimientos judiciales.
