Una noticia que causó preocupación la semana pasada fue el requerimiento de datos que la Oficina del Censo de EE. UU. realizó al Departamento de Vehículos y Motores (DMV). De acuerdo con un informe presentado por la agencia de noticias The Associated Press (AP), la Oficina del Censo está requiriendo datos de los récords de las licencias de manejo que incluye datos acerca de ciudadanía e información de personas que reciben asistencia del gobierno.
¿Qué señala la Oficina del Censo?
En una declaración del martes 15 de octubre, mencionan que desde el 2016, se ha solicitado “usar los registros administrativos de los estados que incluyan información tal como fecha de nacimiento, dirección, raza, origen hispano y la ciudadanía para el Censo del 2020” También establece acuerdos voluntarios para intercambiar datos con agencias estatales que mantienen registros administrativos sobre programas como “Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).”
“Cuando la Oficina del Censo recibe los registros, se extrae de ellos toda la información personal identificable y se usan solo para propósitos estadísticos y quedan protegidos conforme al Título 13”
La Oficina del Censo de EE. UU. también señaló que este requerimiento de datos se da por una Orden Ejecutiva con respecto a aumentar el uso de los registros administrativos para el Censo del 2020. Esta orden se da a pesar que el 27 de junio del 2019 la Suprema Corte bloqueó el esfuerzo de la administración Trump por incluir la pregunta sobre ciudadanía en las encuestas del Censo 2020.
Voz de alerta
La Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados le señaló a la AP que si es verdad que algunos estados han recibido este requerimiento, aunque en ningún momento señala cuantos y cuáles son los estados que han recibido esta solicitud. Claire Jeffrey, portavoz de la asociación, envió un correo electrónico a la AP donde mencionó que “cada estado está haciendo su propia determinación de cómo responder.”
Organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos humanos han señalado su voz de alarma.
Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señala que “Este esfuerzo parece ser parte de un esquema motivado por un propósito discriminatorio inconstitucional para diluir el poder político de las comunidades de color. Además, los esfuerzos por confiar en los datos de ciudadanía en los archivos del DMV han sido muy poco confiables debido a protocolos de bases de datos deficientes y datos de ciudadanía obsoletos.”
El impacto de la participación de la comunidad Latina en el Censo es clave y estas medidas para muchos inmigrantes puede causar desestabilidad y temor para participar en el Censo e incluso ir a votar. Esto se ve reflejado en una encuesta aplicada en el mes de septiembre por el Centro de Investigación PEW. Se señala como una de sus conclusiones que los adultos hispanos y afroamericanos tienden más a decir que podrían no participar o definitivamente no participar en el Censo 2020, siendo Afroamericanos (26%), Hispanos (21%) y Blancos (12%).
La Oficina del Censo señala que “la Constitución de los Estados Unidos requiere que los distritos electorales se ajusten periódicamente o se vuelvan a dibujar para tener en cuenta los cambios de población”. Es decir, de los datos que se derivan del Censo se determina cuántos escaños para el congreso obtiene cada estado y la distribución de los fondos federales.
Asimismo, se daría un impacto negativo a futuro con los inmigrantes que necesiten requerir o renovar licencias de conducir debido a que pueden rehusarse a realizarlo al sentir inseguridad de compartir sus datos con el gobierno. Esto dejaría a muchas personas sin la posibilidad de trasladarse a sus centros de labores y/o desenvolverse con normalidad en sus comunidades.
