Illinois se dirige a una nueva década siguiendo la tendencia progresiva trazada por California, Colorado y otros ocho estados en la legalización de la marihuana, pero los defensores de la inmigración están advirtiendo a los 487,000 no ciudadanos del estado que eviten la sustancia a toda costa. Dado que la marihuana se clasifica actualmente como una sustancia controlada por el gobierno federal, tanto recreativa como medicinal, el uso por parte de quienes están en proceso de convertirse en ciudadanos podría conducir a su deportación si son arrestados.
Aunque algunos estados han legalizado el uso de marihuana, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) clasifica la marihuana como una sustancia controlada de la Lista 1 que puede conllevar una multa de hasta $ 10,000 en castigos federales si se viola. Para los no ciudadanos que buscan trabajar en el campo del cannabis, o simplemente quieren comprar marihuana de forma recreativa, los defensores de la inmigración advierten que existen riesgos federales.
Algunas personas indocumentadas ya han experimentado dificultades debido a restricciones federales a la marihuana en estados como Colorado, donde la marihuana ha sido legal desde 2014. «Desafortunadamente, mucha gente no sabe acerca de estas consecuencias», dijo Mony Ruiz-Velasco, directora ejecutiva del grupo de justicia social PASO West Suburban Action Project. «Con solo admitir el uso te convierte en un objetivo potencial para la deportación», agregó.
Las repercusiones federales de un arresto por marihuana pueden ser graves para los no ciudadanos años después de que se haya cometido el delito inicial. En junio de 2010, el empresario jamaicano Howard Dean Bailey fue arrestado en su casa por funcionarios de ICE después de solicitar la ciudadanía estadounidense y su solicitud reveló un delito de marihuana por primera vez que ocurrió en 1995. Este vínculo entre el delito relacionado con la marihuana y el estado de Bailey de ser un no ciudadano lo llevó a ser deportado a su país natal Jamaica, donde no había estado en 24 años.
El alcalde de Denver, Michael Hancock (D-CO), ha luchado para que la industria del cannabis sea menos peligrosa para los no ciudadanos que desean trabajar en dispensarios y granjas de cultivo, pero que corren el riesgo de ser atacados como narcotraficantes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. por su implicación con la sustancia. «A los residentes de Denver con los que me he reunido se les niega la naturalización», escribió el alcalde Hancock en una carta al Fiscal General de los Estados Unidos William Barr instándolo a reconsiderar las políticas del gobierno federal sobre la marihuana, señalando que pueden perder su estatus legal debido a su empleo legal en la industria del cannabis.
Durante el verano, la Senadora Kamala Harris (D-CA) patrocinó la Ley de Reinversión y Eliminación de Oportunidades de la Marihuana de 2019, Ley MORE de 2019, destinada a eliminar la marihuana como una sustancia controlada por el gobierno federal.
Eliminar la marihuana de la lista de vigilancia de la DEA podría ser la única forma de poner fin al hostigamiento de los no ciudadanos que entran en contacto con la sustancia, afirman los defensores de la inmigración. «La forma de solucinarlo es quitarlo de la agenda federal», dijo Kathy Brady, abogada del personal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de San Francisco, «pero eso está probablemente un poco lejos».
