El pasado miércoles 6 de enero, una turba de manifestantes de extrema derecha saqueó el Capitolio de los Estados Unidos, lo que provocó la muerte de cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio. Los procedimientos legales que siguieron son complejos y poco claros para muchos, incluidos para los inmigrantes de América Latina que han sido testigos de derrocamientos violentos del gobierno o «golpes de estado» en sus propios países de origen.
La inmigrante venezolana Carla Miranda, que llegó a Estados Unidos en 2013, le dijo al New York Times que algunos inmigrantes estaban conmocionados al ver los disturbios, debido a lo que Estados Unidos representa para muchos. “Creemos en este país, la libertad de expresión y los valores que defiende este país”, dijo. “En el extranjero llamamos a este país la tierra de la libertad. Los inmigrantes como yo vienen aquí buscando eso”.
La violenta revuelta contra los legisladores federales, conocida como insurrección, se produjo después de una serie de eventos que comenzaron la mañana del 6 de enero. A las 10 a. m., en un mitin pro-Trump en Washington DC, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, alimentó los mitos sobre el fraude electoral. Para el mediodía, Trump pidió al vicepresidente Pence que rechazara los resultados electorales, que se contaban en el Senado ese día, y agregó a todos en la multitud «pronto estarían marchando hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica hoy». . «
Los disturbios en el Capitolio se intensificaron alrededor de las 2:30 pm, después de que Trump tuiteó: «Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución», lo que una vez más implicaba que los resultados de las elecciones fueron fraudulentos. Después de horas de violencia y caos, Pence volvió a convocar al Senado a las 8 pm. Al día siguiente, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los alborotadores deberían ser procesados.
Desde el 6 de enero, los políticos demócratas y republicanos han condenado ampliamente los disturbios y han pedido enjuiciamiento, mientras que otros han pedido la unidad. Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un artículo de acusación para intentar la destitución de Trump y se alienta a algunos republicanos a pedirle a Trump que renuncie.
En una votación del martes, la Cámara exigió al vicepresidente Pence que tomara los poderes de Trump y el día 12 de enero, la Cámara votó para acusarlo. Esto convierte a Trump en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado dos veces. Dado que se necesita una condena del Senado para destituir a un presidente en funciones, es muy probable que Trump termine su mandato, y podría llevarse a cabo un juicio político en el Senado después de que Joe Biden preste juramento el 20 de enero.
Con menos de una semana restante en el cargo, un segundo juicio político contra Trump sería una forma simbólica de señalar los valores que muchos, como Miranda, defienden como “Americanos”. Un juicio político también podría descalificarlo para un cargo futuro, aunque lo más probable es que el asunto tenga que ir ante la Corte Suprema.
Para los inmigrantes que han estado en situaciones similares al sur de la frontera de los Estados Unidos, el juicio político podría ser importante para garantizar que se respete el valor de la democracia en el país que la encarna. “Fuimos testigos de una ruptura de la democracia”, dijo Jessika Girón, una inmigrante de Honduras que ahora vive en Nueva Jersey. “Esta situación no es nada buena. Estas son señales que no puedes ignorar».
