«No sé si ya puedo confiar en la corte. Solo estaba tratando de hacer lo correcto ”, dijo Paulina Martínez al Denver Post en enero.
Después de que una discusión en estado de embriaguez con su pareja se intensificó y la policía se involucró, Martínez fue acusada y declarada culpable de conducta desordenada. El cargo fue desestimado después de que ella completó el asesoramiento obligatorio, pero el daño ya estaba hecho: el caso la puso en el radar de ICE para su deportación.
“Estaba nerviosa, pero de alguna manera me sentí segura sabiendo que era una corte pequeña. Se consideró un caso pequeño”, dijo Martínez al Post. “En mi opinión, fue un malentendido, y estaba dispuesta a ir y presentarme a la corte y hacer lo correcto y explicarme. Sabía que había consecuencias y quería asegurarme de que hice todo bien”.
Historias como las de Paulina son demasiado comunes: los esfuerzos de buena fe para participar en el sistema de justicia llevan a los inmigrantes a circunstancias impredecibles, a menudo acompañadas de amenazas de deportación. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ha habido un fuerte aumento en la presencia de ICE en los tribunales municipales y de distritos: 1500% en algunos casos. El aumento ha creado un efecto escalofriante entre los inmigrantes, incluidos los testigos y las víctimas de delitos y violencia doméstica, que intentan colaborar con los tribunales en los esfuerzos por buscar justicia. Varios estados ahora se están movilizando para promulgar una legislación que limite el acceso de los agentes federales de inmigración a los tribunales.
Un proyecto de ley para prohibir los arrestos civiles en los juzgados pasó el Senado de Colorado la semana pasada y se espera que se convierta en ley. Tanto el estado de Colorado como el del estado de Washington, que introdujeron una legislación similar que aprobó un comité de la Cámara, tienen como objetivo unirse a California, Oregon y Nueva York para prohibir tales arrestos sin órdenes judiciales. Junto con los tribunales estatales, los tribunales municipales en Seattle y Albuquerque también han tomado medidas para limitar los arrestos sin orden judicial.
«Los arrestos en los tribunales han interferido con los procedimientos judiciales …», declaró en noviembre Martha Walters, Juez Suprema de la Corte Suprema de Oregon. «Estamos adoptando esta regla para mantener la integridad de nuestros tribunales y proporcionar acceso a la justicia».
En una carta de noviembre en respuesta a la política de Oregon, el Fiscal General William Barr y el Secretario de Seguridad Nacional Interino Chad Wolf declararon que «una orden de arresto administrativo es todo lo que el Congreso requiere para que las autoridades arresten a un extranjero dentro de los Estados Unidos por violaciones a las leyes de inmigración federal».
En junio, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Indira Talwani, detuvo la práctica de arrestos en los tribunales en Massachusetts, la primera orden judicial de este tipo en el país. ICE apeló la medida cautelar, y el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. otorgó la apelación en septiembre.
