Los funcionarios de inmigración se están preparando para comenzar a recolectar ADN de indocumentados a partir de esta semana. La medida aprobada por el gobierno federal ha llevado a los defensores de la inmigración a afirmar que la práctica violará la privacidad y potencialmente conducirá a la vigilancia biométrica.
El enfoque del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la recolección de muestras de ADN de personas indocumentadas detenidas ha sido aprobado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Las muestras de ADN recolectadas se enviarán a la Oficina Federal de Investigación (FBI) para el análisis comparativo de la escena del crimen.
La orden de octubre de 2019 se suspendió debido a un período de comentarios públicos que permitió a los estadounidenses recomendar enmiendas y publicar sus opiniones en línea. Aunque los grupos de derechos civiles y los ciudadanos públicos obtuvieron 40,000 comentarios y firmas, no se emitieron enmiendas durante el proceso. La regla final del 6 de marzo, emitida por el Departamento de Justicia, ha puesto en marcha el plan de la Administración Trump para recolectar cientos de miles de muestras de ADN.
Y si bien la orden federal está protegida por la Ley de huellas dactilares de ADN de 2005, que permite a las agencias gubernamentales recolectar muestras de ADN de personas arrestadas y detenidas, las políticas de inmigración de la Administración Trump han impulsado esfuerzos federales concertados para atacar a la población indocumentada.
Activistas de derechos civiles afirman que esta práctica viola las libertades humanas básicas. «La recolección y retención forzada de ADN de cientos de miles de personas cada año constituiría un paso grande e injustificable hacia la vigilancia total de la población», escribió la American Civil Liberties Union en su comentario público de noviembre sobre la modificación de la orden de ADN. Además, los defensores de la inmigración creen que esta medida impulsará al gobierno federal al ámbito de las armas de datos biométricos y potencialmente la identificación errónea de personas indocumentadas en relación con delitos en la base de datos criminales del FBI.
«La regla final es otro ejemplo más del gobierno armando la biometría como una forma de vigilancia de las comunidades vulnerables», escribió Saira Hussain, abogada de la Fundación de Fronteras Electrónicas sin fines de lucro de libertades civiles. «Esta expansión peligrosa de la colección de ADN nos acerca un paso más a la vigilancia genética de toda la población».
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