California ha prohibido los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. A partir del 1 de enero, la nueva prohibición estatal de California tiene como objetivo detener el crecimiento del sistema penitenciario de Estados Unidos y poner fin a la vivienda de los reclusos en prisiones y centros de detención privados. Para el año 2028, California no permitirá la vivienda de ningún recluso en instalaciones privadas de prisiones.
Firmado por el gobernador de California Gavin Newsom (D-CA) en octubre pasado, el Proyecto de Ley 32 (AB32) es un paso progresivo hacia la reducción del número de detenidos en centros de detención de inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) trasladará a 4.000 detenidos a cuatro diferentes instalaciones privadas que se encuentran en lugares fuera de California, según un informe de Reuters.
En los últimos 20 años, EE. UU. ha experimentado un auge en el crecimiento de las cárceles privadas, ya que 28 estados han contratado instalaciones privadas para alojar a los reclusos. El número de personas recluídas en prisiones privadas ha aumentado a 39.3% desde 2000, según expertos en reforma de justicia penal. Estados como Florida y Texas tienen poblaciones en prisiones privadas de más de 10,000 personas en cada una.
Este rápido aumento en las prisiones privadas también ha llevado a un escrutinio de supervisión sobre la forma en que se administran estas instalaciones. Con servicios mínimos dirigido a los reclusos y detenidos, aumentan los casos de abuso sexual y suicidio mal manejados. Una auditoría del Departamento de Correcciones del estado de Tennessee publicada el 10 de enero reveló que las prisiones privadas de CoreCivic han estado operando con niveles inadecuados de personal.
Una víctima de los centros de detención privados fue Efraín De La Rosa, un migrante mexicano detenido en el Centro de Detención Georgia Stewart de CoreCivic en 2018. De La Rosa, a quien se le diagnosticó esquizofrenia y trastorno bipolar, fue puesto en confinamiento solitario como castigo por un altercado con otro detenido. Cuando le dijo a los funcionarios de ICE que iba a morir, fue ignorado. Después de 21 días de reclusión, los guardias encontraron el cuerpo colgando de De La Rosa después de que se ahorcó.
Mientras que los defensores de California celebran su victoria en la reforma de la justicia penal, los intereses de las prisiones privadas ya han comenzado su reacción violenta contra AB32. GEO Group Inc. presentó una demanda contra el gobernador Newsom y el fiscal general de California Xavier Becerra, alegando que podrían perder miles de millones de dólares en un contrato que habían celebrado recientemente con California, señalando que siete de sus sitios se verán afectados por la nueva ley.
Pero los defensores de los derechos humanos aplauden los pasos para reducir las dificultades creadas por las cárceles con fines de lucro. Esta ley «es un paso crítico en nuestro estado para terminar con la ganancia inmoral del sufrimiento humano», dijo la reverenda Deborah Lee, directora del Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana.
