Por: Gerald Imray – Associated Press
Traducción: Karla Magaña
Desde el año pasado, la administración Trump ha firmado acuerdos con al menos ocho países africanos para recibir a migrantes deportados de Estados Unidos que no pueden ser devueltos fácilmente a sus países de origen. Eswatini, la última monarquía absoluta de África, es uno de ellos. A cambio, Washington ha pagado millones de dólares: $5.1 millones a Eswatini, $7.5 millones a Ruanda y cifras similares a otros gobiernos, según documentos del Departamento de Estado. Un informe del Senado calculó que el gobierno había gastado al menos $40 millones para deportar a unas 300 personas a países que no son los suyos.
Entre los deportados hay un cubano. Eso no es casual. Los cubanos llevan décadas emigrando hacia Estados Unidos huyendo de la represión política y la crisis económica. Durante años, la política de “pies secos, pies mojados” les garantizaba residencia si lograban pisar suelo estadounidense. Esa política fue eliminada en 2017, y desde entonces la situación se ha vuelto más precaria. Cuba ha atravesado apagones masivos, escasez de alimentos y la mayor ola migratoria de su historia. Hoy, un cubano que no puede ser devuelto a la isla puede terminar en una cárcel de máxima seguridad en África.
El jueves 10 de abril, la Corte Suprema de Eswatini falló a favor de cuatro hombres expulsados por Estados Unidos en julio del año pasado: un cubano, un yemení, un laosiano y un vietnamita. Desde su llegada, fueron recluidos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha sin cargos penales en ese país, y se les negó el acceso presencial a un abogado durante nueve meses. Sus abogados en Estados Unidos argumentan que la detención es ilegal porque estos hombres ya cumplieron sus condenas en EE.UU. y no han cometido ningún delito en Eswatini.
El gobierno de Eswatini intentó bloquear el acceso legal con dos argumentos: que los deportados no querían ver a un abogado, y que no tenían derecho a uno porque no habían sido arrestados por un delito local. La corte rechazó ambos argumentos. La abogada Alma David, que representa a dos de ellos desde Estados Unidos, dijo que el hecho de que se necesitaran nueve meses de litigio para algo tan básico como una reunión con un abogado revela hasta dónde están dispuestos a llegar estos gobiernos para negar derechos fundamentales.
Este caso deja una lección clara: tener un abogado puede ser la diferencia entre que se respeten sus derechos o que se pierdan por completo. Estos cuatro hombres solo lograron acceso legal porque sus abogados en Estados Unidos no dejaron de pelear por ellos, incluso desde otro continente. Sin esa representación, es muy probable que seguirían incomunicados.
Si tu o alguien que conoces enfrenta un proceso de deportación, no esperes. Busca representación legal ahora, mientras todavía estás en territorio estadounidense y tienes acceso a recursos. Organizaciones como el National Immigration Law Center, la ACLU y redes locales de asistencia legal ofrecen orientación gratuita. Asegúrate de que tu abogado tenga tus datos de contacto actualizados y los de un familiar de confianza. No firmes documentos que no entiendas. Y recuerda: tener antecedentes penales no elimina tus derechos. Incluso las personas que han cumplido condenas tienen protección bajo la ley.
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