¿Qué es el TPS y cómo ha beneficiado a miles de personas?
El TPS (Estatus de Protección Temporal) fue establecido en 1990 para proteger a ciudadanos de países que enfrentan desastres o conflictos. A quienes se encuentra en EE. UU. en el momento de la designación se les permite vivir, trabajar y obtener permisos de viaje temporal. Las designaciones suelen renovarse cada 6, 12 o 18 meses. Desde 1999, hondureños y nicaragüenses han residido legalmente bajo este estatus debido al impacto del huracán Mitch.
¿Por qué el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido que ya no aplica el TPS para estos países?
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la situación en Honduras y Nicaragua ya no cumple con los criterios por los cuales se concedió inicialmente el TPS. Se argumenta que ambos países superaron los daños del huracán Mitch, mejoraron infraestructura como agua, saneamiento y electricidad, y han recuperado condiciones “seguras”.
¿Cuándo entra en vigor la terminación y a quiénes afecta?
La decisión fue publicada el 7 de julio de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha otorgado un plazo de 60 días desde su inclusión en el Registro Federal, por lo que los efectos comenzarán en septiembre de 2025, fecha límite para que los beneficiarios actúen . Unos 21, 000 hondureños y 1 ,100 nicaragüenses al menos cuentan con residencia permanente; el resto debe planificar su salida o hallar otra forma de quedarse legalmente.
¿Qué vías legales existen para impugnar esta decisión?
Organizaciones como ACLU y National TPS Alliance han presentado demandas alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y actuó motivado por “animus racial”. Este martes se presentó una nueva demanda en San Francisco en defensa de unos 60,000 beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal. El fallo Ramos v. Nielsen (2018) restringió previamente acciones similares y este caso podría llegar nuevamente al Décimo Circuito.
¿Qué recursos prácticos y legalmente útiles existen para la comunidad latina?
- Asistencia legal gratuita o de bajo costo: Organizaciones como ACLU, CARECEN, NTPSA y redes como National Day Laborer Organizing Network ofrecen clínicas y representación.
- Programas comunitarios: Iglesias, centros latinos y colegios comunitarios locales brindan asesoría sobre formularios I‑821, I‑765, opciones migratorias alternativas y reunificación familiar.
- Apps como CBP Home: Para quienes opten por salida voluntaria, el DHS facilita boletos de avión gratis y un incentivo de US $1,000 como ayuda para el regreso seguro.
¿Qué futuro enfrentan los beneficiarios y sus familias?
Aunque algunas demandas pueden suspender temporalmente la salida forzosa, estas suelen durar meses. Sin una residencia permanente, las personas estarán expuestas a deportación, separación familiar y pérdida de empleo. Más aún, muchos tienen hijos nacidos en EE. UU., lo cual representa un desafío emocional añadido.
El TPS no es una solución a largo plazo. La comunidad latina necesita un camino legislativo hacia una protección migratoria estable. Mientras tanto, mantenerse informado y organizado será clave para enfrentar esta crisis.
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