Por: Tim Sullivan- Associated Press
Traducción: Karla Magaña
Las leyes de Estados Unidos permiten que una persona que llega al país solicite asilo si huye de persecución o violencia en su país de origen. Durante años, quienes pedían asilo tenían derecho a esperar en territorio estadounidense mientras un juez de inmigración revisaba su caso. Muchos recibían permisos de trabajo y rehicieron sus vidas mientras el proceso avanzaba, a veces durante años, dentro de un sistema con cerca de dos millones de casos atrasados. El verano pasado, el gobierno comenzó a usar una estrategia diferente: cancelar los casos de asilo y ordenar la deportación de esas personas no a su país de origen, sino a un tercer país con el que Estados Unidos tiene un acuerdo bilateral.
Según datos de Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, más de 13,000 migrantes han recibido órdenes de deportación a llamados “terceros países seguros” tras la cancelación de sus casos de asilo. Los destinos más frecuentes son Honduras, Ecuador y Uganda, pero la lista incluye casi tres docenas de países. Los casos son dramáticos: un afgano que huyó de los talibán fue enviado a Uganda desde Nueva York, una cubana que trabajaba en un restaurante en Texas recibió orden de ir a Ecuador tras un accidente de tránsito menor.
Sin embargo, muy pocas deportaciones se han concretado. Según el rastreador de Third Country Deportation Watch, menos de 100 personas han sido efectivamente deportadas a terceros países. Los obstáculos son varios: desafíos legales, límites en los acuerdos internacionales y falta de aviones. Por ejemplo, el acuerdo con Honduras solo permite recibir 10 deportados al mes. Un funcionario de Uganda confirmó que ningún deportado ha llegado a ese país.
A mediados de marzo, funcionarios legales de ICE instruyeron a sus abogados de campo que dejaran de presentar nuevas solicitudes de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo, según un correo electrónico obtenido por la Associated Press. No se explicó la razón ni se confirmó si la pausa es permanente. Las órdenes ya existentes siguen adelante.
Aunque las deportaciones masivas a terceros países no se han materializado a gran escala, el daño ya está hecho para miles de personas. Quienes recibieron estas órdenes perdieron su permiso de trabajo y quedaron en un limbo legal. No pueden defender su caso de asilo en la corte ni saben si serán enviados a un país desconocido. Organizaciones de derechos civiles como la ACLU advierten que la capacidad del gobierno para ejecutar estas deportaciones podría aumentar con más personal, más aviones y más acuerdos con otros países.
Si tienes un caso de asilo abierto o has recibido una orden de deportación a un tercer país, busca asesoría legal de inmediato. No firmes ningún documento sin entender su contenido y no tomes decisiones apresuradas por miedo. Existen organizaciones que ofrecen representación legal gratuita o de bajo costo.
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